El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha montado una campaña extraordinaria para cazar votantes ilegales: ha destinado a cientos de agentes federales a revisar decenas de miles de registros de votantes y a tocar las puertas de personas sospechosas de ser no ciudadanos que emitieron votos de manera ilegal.

Pero la cruzada solo ha resultado, hasta ahora, en que el gobierno de Trump acusara formalmente a unas 240 personas por delitos relacionados con fraude electoral en todo el país desde que el presidente asumió el cargo, según el conteo del Departamento de Justicia el lunes por la tarde. Eso incluye a algunos no ciudadanos acusados de registrarse para votar, pero sin haber emitido realmente un voto.

La cifra es una porción minúscula de los más de 158 millones de boletas emitidas en las elecciones generales de 2024 y queda muy por debajo de las cifras citadas en julio por Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, quien afirmó sin pruebas que más de 250,000 posibles no ciudadanos estaban registrados para votar solo en cuatro estados.

El reducido número de cargos socava aún más las afirmaciones engañosas del presidente Donald Trump de que el voto de no ciudadanos es generalizado e inclina las elecciones a favor de los demócratas, y plantea preguntas sobre por qué el DHS ha dedicado vastos recursos a este esfuerzo antes de las elecciones intermedias.

"Esto se trata de deslegitimar una elección que los preocupa mucho", dijo David Becker, exabogado de derechos de voto del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral (Center for Election Innovation and Research), un grupo no partidista que trabaja para apoyar a los funcionarios electorales. "Están tratando de fabricar pruebas y están fracasando".

La campaña del gobierno para escrutar a votantes no ciudadanos ha implicado una estrecha colaboración entre el DHS y el Departamento de Justicia, que ha encabezado los esfuerzos para acusar penalmente a no ciudadanos por votar de forma ilegal. El trabajo de investigación del DHS también ha sido central en los recientes intentos del Departamento de Justicia por intervenir en la elección.

El DHS ha defendido su enfoque en el tema y dijo que erradicaría el fraude electoral dondequiera que se encuentre y que aumentaría las deportaciones de no ciudadanos que votaron o se registraron de manera ilegal.

"El DHS está comprometido con garantizar elecciones justas, honestas y precisas", dijo el departamento en un comunicado. "El DHS defiende el estado de derecho y protege la integridad de las elecciones estadounidenses al expulsar a los extranjeros que votan y diluyen los votos de los ciudadanos de Estados Unidos. SOLO los estadounidenses deben elegir a los líderes estadounidenses".

El voto de no ciudadanos, a quienes la ley prohíbe registrarse para votar o emitir una boleta, es excepcionalmente raro, según múltiples estudios. Los críticos han dicho que los agresivos esfuerzos del DHS por investigar a votantes no ciudadanos parecen estar dirigidos más bien a intimidar a los votantes y a sentar las bases para impugnar los resultados de la elección.

Grupos de defensa de los inmigrantes también han expresado durante meses el temor de que agentes federales se presenten en casillas de votación, aunque, hasta la tarde del martes, no había señales de que autoridades migratorias patrullaran los sitios de votación.

Encomendar a cientos de oficiales que revisen los padrones electorales estatales y desplegar agentes para entrevistar a personas en sus casas con el fin de detectar votantes no ciudadanos es un uso notable de las facultades del DHS. El departamento, la mayor agencia federal de aplicación de la ley, fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a proteger al país de amenazas.

El gobierno de Trump ha usado al menos cuatro de sus nueve agencias principales para impulsar investigaciones sobre votantes no ciudadanos. Entre ellas hay agencias que normalmente se enfocan en deportaciones, administración de la frontera, auxilio en desastres y solicitudes de inmigración.

Agentes federales especializados en investigar amenazas a la seguridad nacional y fraude en trámites migratorios han sido desviados para buscar no ciudadanos en los padrones electorales. Agentes de seguridad nacional que normalmente investigan delitos como explotación infantil y comercio ilegal también han investigado a más de 150 organizaciones que, según dicen, podrían estar ayudando a no ciudadanos a registrarse de manera ilegal para votar.

Pero los esfuerzos del departamento han resultado, hasta ahora, en un pequeño número de cargos y pocas pruebas de que el fraude electoral sea generalizado. Hasta la tarde del martes, el Departamento de Justicia dijo que había acusado a 240 personas por delitos relacionados con fraude electoral, cifra que aumentó respecto de la tarde anterior.

La mayoría de los cargos se presentaron en las últimas nueve semanas, según el Departamento de Justicia, señal de que el gobierno ha intensificado de manera drástica los procesos penales antes de las intermedias. La proporción de quienes finalmente sean condenados por algún delito podría resultar aún menor.

Las investigaciones sobre votantes no ciudadanos han seguido históricamente un patrón. Funcionarios electorales estatales o federales informan primero que cientos o miles de no ciudadanos podrían estar en los padrones. Pero las cifras suelen reducirse a decenas tras una mayor investigación. Cada pesquisa termina con pocos procesos penales, si es que con alguno.

"La enorme cantidad de recursos destinados a esta operación solo ha descubierto cantidades diminutas de personas que pudieron haber votado o registrado para votar", dijo Wendy R. Weiser, vicepresidenta de democracia del Centro Brennan para la Justicia. "Solo refuerza lo que ya se sabe y, de hecho, plantea preguntas sobre cuál es el propósito de esta operación".

Algunas de las afirmaciones del gobierno de Trump sobre grandes cantidades de no ciudadanos en los padrones de ciertos estados también se han desmoronado. Después de que funcionarios de seguridad nacional afirmaron que casi 16,000 personas podrían ser no ciudadanas registradas para votar en Nevada, enviaron al estado una lista de 185 nombres que habían "pasado por un riguroso proceso de revisión manual". Funcionarios estatales determinaron después que los 185 eran ciudadanos.

Algunos de los esfuerzos del DHS han enfrentado reveses legales. El mes pasado, un juez federal de California prohibió al departamento realizar entrevistas de campo en nueve estados como parte de un esfuerzo para investigar a votantes no ciudadanos. En septiembre, un juez federal resolvió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que encabeza la respuesta federal a los desastres, no podía retener subvenciones de preparación para emergencias a estados que se nieguen a hacer cambios en sus procesos electorales, entre ellos verificar la ciudadanía de los votantes.

Pero eso no ha disuadido al departamento de seguir adelante con otras investigaciones.

Quienes respaldan al gobierno lo elogiaron por investigar un problema que, en su opinión, merece más escrutinio. Kenneth T. Cuccinelli II, subsecretario interino de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump, dijo que le parecía claramente apropiado que los agentes de seguridad nacional investigaran el voto de no ciudadanos y ayudaran a proteger las elecciones.

"Sé que la magnitud o el alcance del problema en sí se debate", dijo Cuccinelli en una entrevista reciente. "Pero lo que no se puede debatir es que el problema existe".

Pero algunos exfuncionarios de seguridad nacional cuestionaron por qué el departamento había dedicado abundantes recursos a este esfuerzo y encomendado a agentes federales investigar el raro problema del voto de no ciudadanos.

"¿Se debe sacar a agentes especiales e investigadores penales federales de asuntos de seguridad nacional para enfocarlos en eso? Cuando sopeso las amenazas a la seguridad pública, la respuesta es absolutamente no", dijo Eric Balliet, quien trabajó más de 20 años en Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), el brazo de investigaciones penales de ICE.