Cuando Osvaldo N. M. fue detenido en mayo de 2023 tenía 19 años. Hoy, después de tres años y medio en prisión preventiva, incluso se casó dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3, pero todavía no sabe cuándo podrá enfrentar el juicio oral por la acusación de terrorismo y fabricación de explosivos relacionada con los artefactos colocados en el centro comercial de Gran Patio Zaragoza, hechos delictivos que la Fiscalía le atribuye como presunto autor.

Mientras el proceso sigue sin fecha para el juicio, su permanencia en prisión podría prolongarse otros 20 meses. Por ello, ayer martes su defensa acudió al Tribunal Colegiado de Apelación para participar en una audiencia de alegatos aclaratorios y pedir que se revoque la resolución del 26 de septiembre que extendió la prisión preventiva justificada.

Paul Crisóstomo, abogado defensor, sostuvo que no existen pruebas que demuestren que Osvaldo representa un riesgo para la comunidad y que justifiquen mantenerlo encarcelado.

Explicó que inicialmente se le impuso prisión preventiva oficiosa por los delitos de terrorismo, fabricación y portación de artefactos explosivos, pero que, después de obtener un amparo en revisión, esa medida fue sustituida por prisión preventiva justificada.

Según el litigante, la justificación para mantenerlo en prisión ha cambiado en distintas resoluciones judiciales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado elementos que demuestren de manera individualizada que su libertad representa un peligro para la comunidad.

20 meses más

La última resolución, emitida el 26 de septiembre de este año, determinó prolongar la medida cautelar otros 20 meses. De mantenerse, Osvaldo podría permanecer cerca de cinco años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, rebasando así por tres años el plazo constitucional de dos años.

Crisóstomo afirmó que la defensa ha presentado tres recursos de queja por retrasos en la actuación de los órganos jurisdiccionales y que algunos expedientes han tardado hasta dos meses en ser enviados de un tribunal a otro. También señaló que el amparo en revisión 5/2024 tardó un año y nueve meses en resolverse.

El abogado sostuvo que recurrir a los medios legales disponibles es parte del derecho a la defensa y que las autoridades también tienen la obligación de tramitar los asuntos con diligencia.

Añadió que han ofrecido medidas alternativas para garantizar la comparecencia de Osvaldo, como un localizador electrónico, firmas periódicas, reclusión domiciliaria y la prohibición de acercarse a Gran Patio Zaragoza, pero que los jueces las han considerado insuficientes.

Pruebas excluidas

Otro de los señalamientos de la defensa tiene que ver con las pruebas que fueron excluidas durante la audiencia intermedia de febrero pasado. Entre ellas había dictámenes médicos y psicológicos, así como estudios elaborados bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul para documentar la presunta tortura que, según los abogados, sufrió Osvaldo. También se descartó un peritaje que cuestionaba la posibilidad de identificarlo en las videograbaciones del centro comercial.

El defensor explicó que la FGR presentó más de 48 horas de grabaciones, alrededor de 200 fotografías y numerosos testimonios y peritajes, por lo que el desahogo de las pruebas requerirá varias sesiones.

En febrero pasado, Osvaldo rechazó una propuesta de la FGR para aceptar su responsabilidad penal a cambio de una pena de 14 años y ocho meses de prisión. “Él nunca quiso echarse la culpa de un delito que no le corresponde”, dijo Crisóstomo.

“La demanda de justicia de la sociedad le ha tenido aquí”, expresó el abogado al referirse al tiempo que su representado lleva encarcelado. También pidió que se respete la presunción de inocencia, particularmente en el caso de personas con pocos recursos para enfrentar un proceso penal y que históricamente en México son usados como chivos expiatorios, consideró.

Tras la audiencia de ayer, el Tribunal Colegiado de Apelación deberá resolver si confirma la prolongación de la prisión preventiva, la revoca o determina que se realice un nuevo debate sobre la medida cautelar. De acuerdo con el defensor, cuenta con tres días para emitir su resolución y uno más para notificarla.

Los cargos

La FGR acusa a Osvaldo de presuntamente elaborar y colocar una bomba molotov en Gran Patio Zaragoza el 14 de abril de 2023 y otros cuatro artefactos en la sala 7 de un cine el 19 de mayo del mismo año, de los cuales uno habría estallado. Por estos hechos enfrenta cargos de terrorismo y delitos relacionados con la fabricación y portación de explosivos.