-Hasta con gusto despidieron a la de Antisecuestros
-Tiene mucha suerte “El Fury” o muy mal tino la FGE
-Ni con cloro quitarán el sello guinda a Taddei
-Carta diplomática clave en caso Jáuregui
Nunca existió una relación ni siquiera aceptable entre el exfiscal César Jáuregui y su ahora sucesor, Gilberto Loya. Hubo siempre duelo de vencidas tanto en la operación policiaca, las acciones ministeriales, y desde luego, en la relación de ambos con la gobernadora, Maru Campos.
Jáuregui renunció a la Fiscalía tras el escándalo del CIA-Gate-narcolaboratorio, por allá en mayo pero quedó al frente su vicefiscal, Francisco “Panchito” Sáenz, un hombre de todas sus confianzas pero sin luces ni alcances; limitadón.
Todavía no terminaba de acomodarse en su nueva silla Gilberto Loya, como Fiscal General, como sucesor justo de Jáuregui, cuando debió echarle guante, detenerlo, “ponerlo” a disposición de un juez local, y luego entregarlo a la FGR que se lo llevó cual delincuente máximo generador de violencia, traidor de la patria, a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano. Nomás faltó en su contra el pelotón de fusilamiento.
De ahí en adelante hubo barrida de jaureguistas y de zuanystas de la Fiscalía. Una de las pocas piedras sobre piedra que quedaba fue retirada el martes. Fue retirada la jefa de Operaciones Especializadas y Antisecuestros, Gabriela “Gaby” Márquez, más operadora del exfiscal prófugo de esa área, Arturo Zuany, que del propio Jáuregui, quien “extrañamente” le permitió hacer y deshacer en el área.
Loya hizo un nombramiento irónico en el cargo: puso a Anabel Amparán Delgado, la agente del ministerio público que integró el expediente penal estatal contra Jáuregui, pero con una larga carrera en la Fiscalía de 18 años, sin manchas en su expediente.
Si buscáramos algún vínculo de Amparán al interior de gobierno, lo encontraríamos sobre todo con la rigurosa hoy Vicefiscal General, ayer Fiscal de las Mujeres, Wendy Paola Chávez.
Quiere decir que hay confianza de Loya en Wendy, lo cual no quita al nuevo Fiscal su convicción por retirar de la Fiscalía todo aroma tanto de Jáuregui como de Zuany. Esa orden recibió pero también lo hace por gratificante gusto personal. “Gaby” Márquez era de las últimas y a la que tenían hartas ganas los nuevos operadores de “Gil”.
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El caso de Édgar Ossiel J., alias “El Fury”, detenido cuando llevaba un cadáver en la cajuela de su Sentra 2007 sin placas, pasó de lo macabro a lo ridículo con la no vinculación dictada a su favor, por un error de fechas del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado a la hora de sustentar sus imputaciones. Fue reapresado después pero el oso ya había sido cometido.
Esta es la segunda ocasión en que este hombre libraba la prisión en asuntos de alto impacto, aunque por razones judiciales distintas. Tiene mucha suerte o de plano muy mal tino la FGE.
El pasado martes, el juez Hugo Alonso González ordenó su liberación inmediata, después de advertir que la agente ministerial situó los hechos el 25 de octubre, cuando el acta de hechos y el Informe Policial Homologado (IPH, de primaria en el sistema penal) establecían que la detención ocurrió la noche del día 24, a las 22:10 horas.
La discrepancia impidió sostener la imputación en los términos exigidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La FGE solicitó entonces una audiencia privada para gestionar una nueva orden de aprehensión, tras el sonoro fracaso inicial.
El contexto agrava el caso. El 24 de octubre, los policías municipales detuvieron a “El Fury” tras una persecución. En la cajuela de su carro encontraron a un hombre envuelto en una cobija guinda con blanco, con una soga azul y un palo de madera atados al cuello, a manera de torniquete.
Pero cuatro meses antes, en junio, Édgar Ossiel había sido absuelto del delito de desaparición cometida por particulares en el caso de Génesis Dibanhi, adolescente de 17 años desaparecida desde el 19 de abril de 2022 y cuyo paradero continúa sin conocerse.
En la causa penal 170/26, el juez José Marco Arredondo Ávila absolvió tanto a “El Fury” como a Daniel Aarón M. P., “El Compa”, pero condenó a Ramón R. G., “El Gordo”, y José Juan C. C., “El Seco”, a 25 años de prisión. Fue absuelto porque no se acreditó la responsabilidad penal en los términos exigidos por la ley.
Eso fue hace meses, una absolución; y apenas hace unos días fue una no vinculación, que no equivale a inocencia ni a no responsabilidad penal, pero sí a un permiso para huir en lo que la FGE buscaba cómo imputarle si no el homicidio del encobijado, al menos el delito de no tratar con respeto a los cadáveres.
La presunción de inocencia y el respeto al debido proceso son garantías indispensables, pero ni la joven desaparecida ni el muerto de la cajuela, las víctimas, han de saber qué significa eso de las garantías de las que “El Fury” ha estado gozando.
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Es de risas a carcajadas la lavada de manos que la Cuarta Transformación pretende darse por el caso Guadalupe Taddei.
Ahora adjudican a la defenestrada expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) a los regímenes neoliberales tricolores y blanquiazules. Afirman sin pudor que ellos la convirtieron en el mounstrito que Taddei fue como jefa del órgano electoral.
Debiera haber más respetillo de los voceros de la 4T por la inteligencia de los mexicanos. No fueron priistas ni panistas los que designaron a la susodicha como presidenta del INE ni quienes le dieron facultades personales discrecionales para manejar a su antojo finanzas, administración y prácticamente todo tipo de decisiones.
Taddei aprovechó literalmente a lo tonto el cheque en blanco recibido y cometió con él todo tipo de arbitrariedades, abusos y actos de corrupción, la mayoría de ellos burdos y desvergonzados, convencida que no le pasaría nada porque sabía que contaba con el manto protector para nada del PRI, menos del PAN, sino de Tabasco, de la Presidencia de la República.
Con su pan deben los guindas comerse ese caso. Si el bocado no cabe en su garganta que no lo repartan. Tricolores y azules tuvieron lo suyo, algunos o muchos casos Taddei, pero no son ellos los que permanecen al frente de las decisiones del gobierno federal en todos sus órdenes, es la 4T.
No debe transcurrir mucho tiempo sin que sea judicializado el catálogo de delitos cometidos, ¿o también esa parte negará la 4T al pueblo mexicano?
Seguramente sí rechazarán mandarla a una prisión a ella y/o a sus cómplices; muy probablemente no habrá judicialización porque los beneficiados con sus transas y decisiones no fueron los de oposición, fueron, sí, sus actuales jefes.
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Lo deslizó César Jáuregui en su apasionada auto defensa ante el juez de control que lo vinculó por el delito de traición a la patria.
El juez ni se inmutó, aun y cuando ni siquiera se ha establecido la verdad jurídica sobre la identidad de los extranjeros fallecidos en el operativo de El Pinal.
Toda la narrativa de la Fiscalía General de la República se sustenta en trascendidos, filtraciones y una percepción pública dada por cierta, omitiendo el principio elemental del derecho penal que exige certeza y pruebas directas antes que estigmas ideológicos.
Punto neurálgico de este diferendo podría estribar en el informe diplomático emitido por la Embajada de Estados Unidos en respuesta a los requerimientos del gobierno mexicano.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia federal, -y reconocido por la presidenta Sheinbaum en una mañanera- existe un documento oficial enviado por Washington que responde al reclamo diplomático de México en torno a los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara.
Sin embargo, la Presidencia de la República optó por clasificarlo y reservarlo como información confidencial, pese a que es cuestionable que se mantenga bajo candado la única pieza documental capaz de esclarecer si existió la supuesta presencia de agentes de la CIA.
¿A qué le teme la autoridad al ocultar una respuesta que podría desmoronar el argumento central de la acusación?
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Ayer hubo trámites del SAT en las instalaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y se pudo ver la gran necesidad que existe entre la población juarense de este servicio.
Pasadas las nueve de la mañana se habían entregado 125 números para igual número de personas, mismas que fueron debidamente atendidas.
Pero lamentablemente no fue suficiente, toda vez que se quedaron otras 50 personas que estuvieron llegando para intentar realizar algún trámite.
Obviamente ya no fue posible, pero el evento en sí fue exitoso y debidamente coordinado por personal del IMCP, aunque como se comentó no fue suficiente.
Necesario comentar que las instalaciones de los contadores fueron propicias precisamente por ser amplias y pudieron dar abasto al sillerío.
La experiencia deja entrever que existe una gran necesidad de altas nuevas al Registro Federal de Contribuyentes, así como registro o renovación de la Firma Electrónica o impresión de Constancia Fiscal.
