En México seguimos impulsando leyes y regulaciones sin atender del todo la realidad que viven millones de personas. La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca modernizar los medios de pago y promover la formalidad. Son objetivos válidos. El problema está en la forma de hacerlo: imponer obligaciones antes de resolver las barreras que hoy enfrentan trabajadores, consumidores y negocios fronterizos. Es una pena seguir viendo este tipo de iniciativas por parte de nuestros legisladores que, en lugar de impulsar productividad, siguen promoviendo leyes que restringen o regulan más. México no necesita más topes.

Millones de mexicanos dependen del efectivo. En Juárez, muchos pequeños comercios enfrentan comisiones bancarias, costos para instalar terminales y problemas de conectividad. En lo personal, estamos a favor de modernizar los pagos y combatir la informalidad, pero esta ley abre la puerta a que ciertos sectores tengan que aceptar exclusivamente medios digitales, por decisión de la Secretaría de Hacienda. La preocupación es que esa facultad no parece acompañarse de criterios suficientemente precisos ni de límites claros.

Cada vez hay más opciones de servicios financieros digitales, y eso puede ser positivo. Pero una cosa es ampliar las alternativas y otra es que el gobierno determine en qué actividades podremos pagar en efectivo y en cuáles estaremos obligados a usar tarjetas, transferencias o códigos QR.

Pensemos también en las personas adultas mayores. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 91% de quienes tienen 60 años o más usó efectivo al menos una vez para pagar en establecimientos o plataformas durante los tres meses previos a la encuesta. En ese mismo periodo, 21% reportó haber pagado con tarjeta física y 7% mediante transferencia o aplicación. Estos medios podían seleccionarse en conjunto, así que las cifras no significan que todas estas personas usen exclusivamente efectivo. Aun así, muestran que sigue siendo una opción habitual para ellas. Agrégale que millones de trabajadores cada semana, retiran en efectivo una parte de su salario. Lo hacen porque así organizan sus gastos, porque así prefieren pagar o porque no siempre cuentan con acceso sencillo a servicios bancarios y digitales. Una ley, por sí sola, no va a cambiar sus hábitos ni resolver las barreras de acceso a los servicios digitales.

El comercio también merece atención. En México, muchos negocios —desde pequeños establecimientos hasta empresas medianas— dependen del efectivo para sus operaciones diarias. Si se les exige aceptar pagos digitales, hay que preguntar quién pagará las comisiones, las terminales, la conexión a internet y los demás costos de adaptación. Para un micronegocio, esos gastos pueden ser una carga considerable. Y si aumentan los costos de operar, estos podrían trasladarse al consumidor.

La transición digital puede ampliar las opciones de pago, facilitar transacciones y ayudar a que más negocios participen en la economía formal. Pero para que funcione, primero hay que hacer más accesible la banca, reducir los costos de los servicios, mejorar la conectividad y asegurar que existan alternativas cuando falle la red o no haya infraestructura suficiente. La ley contempla el uso temporal de efectivo o cheque ante ciertas contingencias, pero también hace falta que esas protecciones sean claras y funcionen en la práctica.

Presentar la digitalización como una solución a la informalidad es insuficiente. Para generar más empresas y empleos formales en el estado hacen falta menos obstáculos para emprender, reglas más sencillas y estímulos para que los negocios puedan crecer. Obligar a digitalizar pagos no sustituye esa agenda.

Otros países han reducido mucho el uso del efectivo, pero esa transición depende de las condiciones de cada sociedad. México puede avanzar hacia una economía más digital, siempre que primero fortalezca la infraestructura y garantice que todas las personas y comercios puedan participar. La modernización no debe convertirse en exclusión financiera ni en una carga desproporcionada para los pequeños negocios.

Si la aplicación de la ley encarece las operaciones o dificulta el acceso a bienes y servicios, los micronegocios y sus clientes asumirán el costo. La digitalización debe ser una herramienta para facilitar la vida de las personas y abrir oportunidades. Para lograrlo, el gobierno debe ampliar las opciones y crear las condiciones para usarlas, no dejar decisiones de tanto alcance sujetas a facultades discrecionales ¿Y tú que tanto efectivo usas?