En Ostuacán, Chiapas, la indignación por el asesinato de una mujer y su nieta de 12 años terminó en otro episodio de violencia. Pobladores lincharon a dos hombres señalados por los crímenes. Según reportes difundidos por medios de comunicación locales, uno fue decapitado y el otro recibió una golpiza, pese al llamado del gobernador Eduardo Ramírez a permitir que actuaran las autoridades.
Estos hechos recuerdan una práctica que ya no debería tener cabida en México, pero que persiste en comunidades donde desde hace muchos años la pobreza, el aislamiento y el rezago institucional han deteriorado la confianza en la justicia.
En algunas regiones de Chiapasy de todo el sur del país, también se han registrado agresiones contra personas acusadas de practicar brujería. La sospecha, los rumores y las creencias populares pueden convertirse en sentencias colectivas cuando no existen mecanismos eficaces para resolver conflictos y proteger a los habitantes.
Este México profundo arrastra décadas de abandono. La falta de servicios, educación, oportunidades y acceso oportuno a las instituciones de salud y falta de trabajo, crea condiciones donde la violencia comunitaria encuentra terreno para reproducirse.
Sin embargo, sería equivocado atribuir los linchamientos exclusivamente a la pobreza o a las tradiciones. También intervienen la impunidad, la desconfianza hacia las autoridades y la circulación de acusaciones que nadie comprueba.
La muerte de Miriam y Ariana Scarlett es un ejeplo del México bronco, el de los atrasos, y que se ha quedado enormemente rezagado respecto al resto del país. Ninguna comunidad debería llegar al extremo de considerar el linchamiento como una forma aceptable de castigo.
