Una empleada del Municipio de Juárez denunció que personal de Recursos Humanos la presionó para firmar una renuncia que no quería presentar. La mujer había padecido cáncer cervicouterino y aseguró que fue intimidada cuando explicó que necesitaba conservar su servicio médico debido a las secuelas de su enfermedad.

Al investigar el caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) concluyó que su condición de salud fue motivo de discriminación dentro de la administración municipal.

Entre los testimonios recabados aparece una expresión atribuida a su jefa directa: “yo no pienso cargar con lastres”, habrían dicho supuestamente a la afectada.

La Secretaría del Ayuntamiento declinó hacer un pronunciamiento al respecto del caso y la recomendación 038/2026 emitida por la CEDH.

La recomendación 038/2026, fechada el 3 de noviembre, acreditó violaciones a sus derechos a la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. El Ayuntamiento pidió a la Comisión declararse incompetente al considerar que era un “tema meramente laboral y no de violación a los derechos humanos”.

La mujer ingresó al Municipio el 15 de diciembre de 2014 y trabajó en la Tesorería, en la Dirección de Egresos. En 2016 fue diagnosticada con cáncer cervicouterino. Tras una intervención quirúrgica presentó complicaciones en la vejiga y los riñones, por lo que requirió otras cirugías.

Relató que necesitaba estudios cada cuatro meses y que una de sus superiores le dijo que no podía ser considerada para otras actividades debido a su condición de salud.

El 8 de octubre de 2024 fue llamada a las oficinas de Presidencia Municipal, donde le presentaron un documento de renuncia. Cuestionó afirmaciones sobre su salud y preguntó qué ocurriría con su servicio médico.

Según su declaración, el abogado de Relaciones Laborales elevó la voz y la presionó para firmar. Cuando intentó sacar su teléfono celular, le advirtió: “Deje de estar jugando conmigo, o firma o le doy un cese”, se advierte en el documento de la recomendación.

La trabajadora firmó, pero agregó la leyenda “no conforme”, por lo que le retiraron el documento y le adviertieron que esa anotación impediría su regreso a la administración pública. Finalmente, bajo presunta presión, firmó otra hoja.

Recursos Humanos negó que hubiera existido coacción y sostuvo que la separación ocurrió mediante una renuncia voluntaria e irrevocable. También afirmó que desconocía el antecedente de cáncer, pues en el expediente laboral sólo aparecían incapacidades por otros padecimientos.

La Comisión precisó que no le corresponde determinar la validez de la renuncia ni resolver las consecuencias laborales de la separación, pero sí investigar posibles violaciones a derechos humanos ocurridas en el trabajo.

La CEDH revisó el expediente médico municipal, donde encontró el diagnóstico de cáncer de 2016 y registros de complicaciones y cirugías posteriores. Dos excompañeros confirmaron comentarios despectivos de su jefa: que no estaba “al 100 por ciento” y que no quería “cargar con lastres”, se señala en el documento de la CEDH.

La Comisión concluyó que la condición de salud era conocida en el entorno laboral y fue utilizada para darle un trato desfavorable, sin justificación objetiva y razonable. Consideró que ese factor fue determinante en el trato recibido y en la decisión de prescindir de sus servicios.

La recomendación ordena inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas y garantizar atención médica integral y psicológica. También pide iniciar un procedimiento administrativo contra las personas servidoras públicas involucradas y capacitar al personal municipal en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación laboral.

El Ayuntamiento deberá informar a la CEDH, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, si acepta la recomendación.