CNN, MS NOW y Politico modificaron su demanda contra el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las restricciones al acceso de la prensa a la Casa Blanca para incluir una solicitud de orden judicial que permita a sus periodistas ingresar a otras áreas, como la Oficina Oval y el avión presidencial Air Force One.

La demanda actualizada fue presentada hoy, dos semanas después de que el juez federal Timothy J. Kelly ordenara al Gobierno permitir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de esos medios mientras continúa el litigio contra el veto impuesto por el Presidente Trump.

Los medios informaron que las acreditaciones de prensa de sus reporteros para cubrir la Casa Blanca fueron restablecidas en cumplimiento de la orden de Kelly, pero señalaron que el Gobierno ha tomado medidas para impedir que sus periodistas cubran otras actividades de interés público.

Según el documento judicial, los periodistas de CNN han sido excluidos "reiteradamente" de los viajes a bordo del Air Force One como parte del grupo de transmisión que cubre al Presidente y proporciona imágenes de video a otros medios.

CNN señaló que ha formado parte de los cinco canales de televisión que integran ese grupo durante 45 años.

MS NOW y Politico también han sido excluidos de asignaciones correspondientes al grupo secundario de televisión y al grupo de prensa escrita, respectivamente, según la demanda.

"Estas exclusiones reflejan una política no declarada para llevar a cabo la directriz del Presidente de extender su prohibición discriminatoria por puntos de vista y de represalia 'hasta donde puedan'", señalaron los medios en el documento judicial.

"De hecho, el Presidente ha sido explícito en que pretende limitar el acceso a la Oficina Oval a las organizaciones periodísticas que informan favorablemente sobre él".

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que ninguna persona ni periodista tiene un derecho constitucional a acceder a la Oficina Oval, al Air Force One o a otras instalaciones sensibles y privadas.

La disputa representa una escalada en la prolongada confrontación por la libertad de prensa durante el Gobierno de Trump, quien frecuentemente ataca a los medios tradicionales y los califica de difundir "noticias falsas".

Los medios sostienen en su demanda que el intento del Presidente de prohibirles el acceso a la Casa Blanca viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa, así como su derecho al debido proceso, contemplado en la Quinta Enmienda.

Trump anunció la prohibición el 18 de septiembre en una publicación en redes sociales, en la que aludió a lo que describió como una cobertura desfavorable de su Gobierno.

Sin embargo, los medios señalaron que solo recibieron una notificación formal de la decisión mediante cartas enviadas cuatro días después.

En esas cartas, el Gobierno acusó a los medios de publicar información falsa sobre asuntos de seguridad nacional, así como información clasificada.

En la orden que restableció temporalmente el acceso de la prensa a la Casa Blanca, Kelly, quien fue designado por Trump, afirmó que no existen pruebas de que el Presidente se hubiera basado en las preocupaciones de seguridad nacional mencionadas para imponer la prohibición.

Decenas de organizaciones periodísticas, entre ellas Bloomberg News, Dow Jones y Reuters, firmaron un documento presentado ante el tribunal en apoyo a los medios afectados por las restricciones.