Llueve en Ciudad Juárez y vuelve la misma vergüenza: calles destrozadas, baches escondidos bajo el agua, alcantarillas obstruidas y familias tratando de salvar lo que pueden. Después viene el otro espectáculo: autoridades y partidos repartiéndose culpas. Para cobrar, todos tienen atribuciones. Para responder, siempre resulta que le toca a alguien más.

El ciudadano paga impuestos, paga el recibo del agua y vuelve a pagar cuando una llanta revienta, la suspensión se daña o el agua entra a su casa. Paga con dinero, con horas perdidas y con el miedo de cruzar una calle sin saber qué hay debajo. Mientras tanto, quienes deciden el presupuesto conservan su sueldo y encuentran un micrófono para explicar por qué la culpa es del vecino.

El artículo 115 constitucional asigna a los municipios los servicios de agua, drenaje y alcantarillado, además de las calles. En Chihuahua, la JMAS opera como organismo descentralizado del Ejecutivo estatal y atiende el alcantarillado sanitario. La legislación estatal deja expresamente el drenaje pluvial a las autoridades municipales. Esa distribución exige que cada quien cumpla y que ambos gobiernos se coordinen. Usarla para evadir responsabilidades es una burla.

Morena señala al Estado; el PAN, al Municipio. Cada partido encuentra razones para defender a los suyos y acusar a los otros. Pero ninguna declaración tapa un bache ni evita que una familia pierda sus muebles. De los dos gobiernos esperamos soluciones y entre los dos nos entregan excusas. Falta el valor de dar la cara y asumir el costo político de todo lo que han dejado de hacer. A estas alturas su competencia más visible parece ser quién se lava las manos mientras Juárez se hunde.

La disputa por el control de la JMAS obliga a preguntar qué interesa más: mejorar el servicio o administrar la recaudación. Ningún gobierno debería tratarla como su gallina de los huevos de oro. El dinero de los recibos tiene que sostener servicios y obras, con cuentas claras. Quien quiera controlar el organismo debe explicar qué hará mejor; quien lo administra debe responder por sus resultados. La ciudad merece algo más que un pleito por la caja.

Tampoco basta anunciar obras aisladas. Juárez necesita infraestructura pluvial a la altura de su tamaño, mantenimiento del alcantarillado y pavimentos que resistan. Hay obras de captación; el problema es que sus beneficios no alcanzan a toda la ciudad. Y si una calle vuelve a deshacerse, alguien debe explicar qué se contrató, quién supervisó y por qué hay que pagar otra vez. El agua deja al descubierto lo que los informes de gobierno prefieren maquillar.

Lo que más enoja llega después del desastre: el funcionario que aparece para la foto reparte apoyos y presume cercanía con quienes acaban de perderlo todo. Se agradece el auxilio de las cuadrillas y de quienes arriesgan el cuerpo. Pero la autoridad que encabeza la fotografía debe rendir cuentas también por la prevención. Es obsceno convertir el dolor ajeno en publicidad y vender como generosidad lo que se financia con dinero público.

Basta de romantizar la pobreza y celebrar que los juarenses siempre salen adelante. Detrás de esa frase hay gente sacando lodo de su casa y buscando cómo reponer lo perdido. La fortaleza de una familia no puede seguir funcionando como coartada de un gobierno incapaz de protegerla.

“Que se joda el pueblo, al fin es el que paga”. Esa parece ser la lógica cuando la urgencia ciudadana termina subordinada a la pelea partidista. Queremos responsables con nombre, presupuestos verificables, fechas de cumplimiento y consecuencias por las omisiones. El hartazgo tiene razones. Juárez ya pagó. Ahora les toca cumplir.